El objetivo de esta tesis es examinar cuáles son las limitaciones que Estados Unidos y Rusia, en tanto países fuertes e influyentes en los asuntos de paz y seguridad mundiales, han impuesto a la actuación de la Corte Penal Internacional, lo que ha impedido su consolidación como un tribunal fuerte e independiente para juzgar a quienes cometen crímenes de alcance internacional. El espacio de tiempo que abarca el estudio se extiende desde las negociaciones del Estatuto de Roma hasta el año 2012, en que la corte cumplió una década de funcionamiento, luego de que este instrumento entró en vigor el 1 de julio de 2002. La tesis se divide en tres capítulos, uno teórico y dos sustantivos. Utiliza un método cualitativo, interpretativista, que intenta hacer una interpretación de la realidad social a partir de la información recopilada por medio de un análisis documental. Este estudio siendo de carácter exploratorio, usa una metodología de investigación esencialmente inductiva. Se utilizan dos tipos de fuentes, primarias y secundarias, destacando las fuentes primarias que es el lenguaje que usan los agentes para posicionar sus ideas y planteamientos. En efecto, al utilizar como paraguas teórico insumos constructivistas para el análisis de política exterior, el estudio de las fuentes primarias es primordial para profundizar en el estudio de los intereses basados en las identidades de los Estados Unidos y Rusia, que motivan su comportamiento ante la CPI.