El Ecuador ha buscado por más de 100 años convertirse en un país industrializado, sea mediante la creación de incentivos estatales dirigidos a aquellos empresarios interesados en transformar la materia prima en productos elaborados con valor agregado o entregando esa potestad al mercado por medio de su desregulación. En ambos enfoques, lo peculiar ha sido el reconocimiento de los empresarios como el principal motor para lograr cambios en la estructura productiva nacional con miras a la industrialización; lamentablemente, el Ecuador, como es conocido, no es una potencia industrial. Los estudios sobre este penoso hecho se han focalizado en distinguir, simplemente, si los incentivos estatales han sido eficientes y suficientes para que los empresarios desarrollen la tan anhela industrialización. Bajo esa óptica, al momento de evaluar las fallas de los procesos industrializadores, el Estado ha sido sentado en el banquillo de los acusados dada su potestad para emitir políticas en la materia.