En 2012 el Fiscal General del Estado (FGE) conformó una comisión técnica interna con dos objetivos: perseguir el delito garantizando su justiciabilidad y proteger a las víctimas con las herramientas técnico-jurídicas de las que dispone la institución. La intención era poner fin a la impunidad y proteger a las víctimas del delito de trata de personas.