Las consecuencias negativas que genera este delito son, entre otras: el debilitamiento de la integridad de los mercados financieros, competencia desleal, pérdida del control de la política económica, pérdida de rentas públicas y riesgo para la reputación del país. Lo que trae atado la afectación de la Administración Pública en general y las economías lícitas de los Estados y la estructura misma del Estado.