La política pública de la infancia es el resultado de las decisiones políticas que adoptaría el Estado a través de sus respectivos gobiernos a lo largo de la historia, a partir de las representaciones sociales y culturales que la sociedad fue y ha ido construyendo en torno a la niñez, y que han estado circunscritas en las transformaciones que la propia sociedad chilena ha experimentado en estos dos siglos. Esta retrospección nos permitió describir la política de infancia de manera lineal, con especial atención al período 1990 al 2010, develando el lento transitar de los niños/as y adolescentes desde la invisibilidad hacia visualizarlos como objetos residuales de derechos y hasta, finalmente, comprenderlos como sujetos titulares de los mismos; transitar que, por lo demás, estaría marcado por situaciones de maltrato, de quienes han tenido la responsabilidad de cuidarlos y protegerlos, la familia, el Estado, la sociedad en su conjunto. En este contexto el abuso sexual, adquiere visibilidad configurándose como un tipo de maltrato físico grave y que se daría principalmente al interior de las familias y en sus entornos más cercanos a ellas. De este modo, se ha avanzado en materias de políticas públicas a partir del cambio gradual de paradigmas, que centraría sus inicios en la Doctrina de la Situación Irregular de la Infancia la que tendió a legitimar la violencia y el maltrato por medio de políticas de protección segmentadas y criminalizadoras orientadas al control, a la supervisión, la vigilancia y la normalización arraigadas hasta finales de la década de los 80, hacia otro de carácter integral, orientado al reconocimiento de los/as niños/as y adolescente como sujetos titulares de derechos exigible y aplicables, emergente desde comienzo de la década de los 90. Este andar no se podría haber entendido sin contextualizar las bases jurídicas internacionales de carácter vinculante en los cuales se desarrolló y comprometió al Estado chileno, en su tarea de velar por la protección integral de la infancia y adolescentes de nuestro país. En el marco general se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos desde donde nacen un conjunto de instrumentos, siendo uno de ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, el que sería ratificado por nuestro país en el año 1990. Este hecho impulsaría una serie de modificaciones en el marco de los procesos de modernización del Estado, principalmente en el sistema judicial, repercutiendo de modo positivo en materias de maltrato infantil y, en lo específico abuso sexual, promoviendo la promulgación de una sucesión de reformas emprendidas, fundamentalmente, en materias de delitos sexuales que llevaron a cambiar el delito de abuso deshonesto por abuso sexual y un conjunto de implicancia para la nueva figura delictual, y por el otro en materias procedimental con la puesta en marcha a partir del año 2000 de un nuevo sistema procesal penal, el que le otorgaría mayores garantías a los niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual. Sin embargo, pese a los grandes avances resultantes de los procesos descritos en este estudio también se detectaron tensiones que faltan por resolver y otros desafíos por alcanzar para lograr una política pública integral, efectiva y eficiente coherente con las obligaciones contraídas por el Estado en materia de protección integral para la infancia y adolescencia, reconociendo la titularidad de los/as niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos con autonomía progresiva en su ejercicio, iguales ante la Ley y con igual protección de ésta en el referido ejercicio.