Desde la vigencia de la Constitución de 2008 todos los poderes públicos deben garantizar derechos. Esto significa que, hoy, las garantías constitucionales de derechos fundamentales no son exclusivamente normativas o jurisdiccionales: las políticas públicas también protegen y satisfacen derechos consagrados en Bloque de Constitucionalidad (Art. 85 Const.). El mandato constitucional es asumido de la siguiente manera por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo: “Con el fin de promover, proteger y hacer efectivos los derechos fijados en la Constitución, se deben integrar los estándares y principios de derechos humanos en las políticas, planes y proyectos públicos”; en consecuencia, para la SENPLADES, “el Bloque de Constitucionalidad es la guía fundamental de las políticas de Estado” (SENPLADES, 2011: 7-11). La política pública, dimensionada como hecho objetivo de investigación científica, debe su construcción y plasmación a múltiples factores, variables y condiciones que requieren ser tomados en cuenta al intentar una apreciación más acabada y auténtica de sus causas y resultados. Estudiar las políticas públicas sin reconocer su interacción sistémica con fenómenos sociales, culturales, políticos, históricos, ideológicos e institucionales, implica, con frecuencia, cercenar la comprensión del alcance, contenido y límites de su implementación. Es necesaria, para evitar tal sesgo en la investigación, una observación multidimensional y compleja de la política, una visión que integre experiencias y saberes, sujeta al contexto y a las sucesivas relaciones de diversos elementos. Considerando lo dicho, la presente investigación pretende explorar y evidenciar los orígenes y consecuencias de las nuevas interacciones, iniciadas a partir de 2008, entre el Bloque de Constitucionalidad y las políticas públicas. Especialmente se buscará revelar el impacto del nuevo diseño constitucional en la concreción de los derechos sociales fundamentales (DESC).