El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela (RBV), luego de realizada la Asamblea Constituyente (AC) en 1999, trazó el objetivo de superar el tradicional enfoque de seguridad basado en el orden público dentro de su planificación programática. La política legislativa en materia de seguridad ciudadana, lejos de guardar correspondencia con los imperativos constitucionales venezolanos y con los objetivos estratégicos planteados en el PDESN 2001 – 2007, sigue una tendencia totalmente distinta.