Partimos del planteamiento de que la salud de los ecuatorianos debe ser responsabilidad del Estado sin que esto implique negar la necesidad de que este responda a la satisfacción de este bien preferente, es decir que tiene cualidades de bien público y de bien privado, desde reglas de eficiencia económica, asumiendo una responsabilidad ética frente al tema, buscando mitigar la pobreza, reducir las desigualdades y fomentar la equidad; reposicionando el tema salud como una demanda social prioritaria frente a los intereses individuales y de un valor estratégico para soportar los procesos de desarrollo y crecimiento, teniendo como centro la satisfacción de los derechos de los seres humanos.