En este sistema de protección internacional de los derechos humanos se concibe que los derechos humanos implican obligaciones a cargo del Estado como responsable de respetarlos, garantizarlos o satisfacerlos y, en sentido estricto, solo él puede violarlos. Esta relación de alteridad entre el Estado y el individuo ha concitado el interés no solo de los gobiernos y de las organizaciones internacionales, sino de la sociedad civil y de los individuos, titulares de estos derechos, sobre la necesidad de la vigencia real de los derechos y su correlato, la limitación efectiva del poder estatal.