La política supervisora se plantea como un discurso político-educativo que propicia y justifica acciones (desde su ciclo de vida) en contra del bienestar público; es decir, discrimina a favor de ciertos grupos aún cuando esté en detrimento de las necesidades de lo educativo. Este estudio es un fiel testigo de cómo políticas de esta naturaleza han generado vicios y simulaciones entre los diseñadores, implementadores, los otorgadores del acceso a la función supervisora, hasta quienes se benefician de él. Por ende, la investigación apunta a reflexionar sobre prácticas no deseadas que generan este tipo de políticas, sobre todo, las actitudes de conformismo, de inmovilidad, paradójicamente, aún cuando éstas fueron pensadas para superarlas, pero por el contrario, las reafirman.