No cabe duda de que en las universidades hay problemas que exigen políticas decididas, transparentes y serias para superar aquellas dificultades sociales que terminan afectando la calidad del sistema de educación superior en su conjunto. En esa dirección, es acertada la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente de realizar un diagnóstico del sistema y proponer un nuevo marco legal. Sin embargo, la pregunta que surge es la de si el proyecto de Ley de Educación Superior, elaborado por la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (SENPLADES), contribuye a que las universidades asuman el reto de su transformación o, más concretamente, si contribuye a crear condiciones favorables para que emerjan y actúen las fuerzas del cambio en su interior y se fortalezca el sistema público de educación superior o, por el contrario, fortalece a las posiciones conservadoras y al mantenimiento de las universidades privadas.