En el Ecuador, en las dos últimas décadas, las conflictivas relaciones sociales y políticas y la marcha inestable de las políticas públicas, tuvieron como telón de fondo el deliberado y paulatino debilitamiento del Estado y el relativo fortalecimiento, al menos en los años noventa, de la organización y participación social así como de alguna acción gremial. Uno de los ejemplos más destacados de esta situación se dio en el ámbito educativo. El Ministerio de Educación, cada vez más pobre, grande e ineficiente –con menos cuadros administrativos de calidad debido a la fuga motivada por los procesos de “modernización”, con una rotación de un ministro cada nueve meses en promedio, resultado de la inestabilidad política al más alto nivel del gobierno, con unidades ejecutoras poderosas ajenas a la planta ministerial y dependientes de los proyectos financiados por el BID o el Banco Mundial– tuvo como contraparte un sindicato docente, la Unión Nacional de Educadores (UNE) cada vez fuerte, con una dirigencia estable, disciplinada, militante, la mayoría de ella de un solo partido político, del Movimiento Popular Democrático (MPD), con gran capacidad de respuesta política. El copamiento de la escena política y educativa por parte del Ministerio y del Sindicato se facilitó por el desentendimiento propio o trabas puestas a otros actores respecto de la construcción y reguimiento de las políticas públicas en educación. En estas circunstancias, las relaciones del ministerio de Educación (ME) con el gremio docente (UNE) marcaron la ruta de tales políticas, con un agravante, que el peso específico de este sindicato estatal, el más grande e influyente del país, por el número de sus afiliados, puso en jaque, a través del paro –su arma más utilizada– y de otros instrumentos de presión y negociación, a diversos ministros o ministras de Educación.