En Ecuador ya tuvimos dos rondas de debate sobre la soberanía alimentaria y sus sentidos. La primera disputa se produjo en la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, en los meses de mayo y junio de 2008, cuando las mesas seis y nueve discutieron las propuestas enviadas por diversos sectores de la sociedad. Contrariamente a lo esperado, en la mesa seis no prevaleció la propuesta elaborada por los asesores del Partido Socialista ni tampoco la formulada participativamente por la sociedad civil, sino el texto de un supuesto emisario del presidente Correa. En el primer documento aprobado por la mesa seis no se estableció la obligación del Estado para la ejecución de la política de soberanía alimentaria y se escamotearon los temas de tierra y transgénicos. El diálogo entre Alberto Acosta, a la sazón presidente de la ANC, y el presidente Correa abrió la puerta para la inclusión de estos temas en la nueva Constitución. La presión de las organizaciones sociales, a través de la mesa nueve y de la mesa seis, introdujo elementos claves para la formulación del texto definitivo, especialmente los recogidos en el llamado consenso de Quito, en el cual participaron organizaciones campesinas e indígenas y organizaciones de desarrollo. A pesar de ello, la definición del derecho a la alimentación, contenida en el artículo 13, gira en torno al acceso y consumo culturalmente adaptado de alimentos, sin referirse a la producción de alimentos, evidenciando un claro sesgo hacia la seguridad alimentaria.